Si tomamos en cuenta que Bolivia es uno de los países que tiene la distribución de la renta per cápita más desigual en América Latina y nos centramos en el análisis en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una de las más urbanizadas del país, encontramos elementos importantes para la reflexión sobre las desigualdades y la necesidad de establecer políticas claras y concretas respecto al planteamiento sobre el desarrollo y la generación de oportunidades para todas las personas.
Es evidente que la composición social de Santa Cruz de la Sierra es diversa y muy contradictoria; nutrida de una permanente migración que busca mejorar sus condiciones de vida, aunque ello implique la precariedad y el hacinamiento, no solamente en la forma de vivir, sino también en lo laboral, en desmedro de su calidad de vida.
Cada distrito de esta ciudad, tiene elementos que configuran la construcción de la sociedad cruceña actual que exige el respeto de sus derechos y la generación de oportunidades. Y, he ahí un gran vacío en la institucionalidad al encontrar que no existe una ciudadanía efectiva, ni responsable para actuar y demandar a los distintos niveles territoriales del Estado –gobierno central, departamental, municipal, regional-, y menos, de estos de establecer políticas y programas que respondan a las necesidades y demandas de la población,
así como la continuidad de las mismas y que no se restrinja a la esfera política, sino, el del reforzamiento de la participación
Es evidente que la composición social de Santa Cruz de la Sierra es diversa y muy contradictoria; nutrida de una permanente migración que busca mejorar sus condiciones de vida, aunque ello implique la precariedad y el hacinamiento, no solamente en la forma de vivir, sino también en lo laboral, en desmedro de su calidad de vida.
Cada distrito de esta ciudad, tiene elementos que configuran la construcción de la sociedad cruceña actual que exige el respeto de sus derechos y la generación de oportunidades. Y, he ahí un gran vacío en la institucionalidad al encontrar que no existe una ciudadanía efectiva, ni responsable para actuar y demandar a los distintos niveles territoriales del Estado –gobierno central, departamental, municipal, regional-, y menos, de estos de establecer políticas y programas que respondan a las necesidades y demandas de la población,
así como la continuidad de las mismas y que no se restrinja a la esfera política, sino, el del reforzamiento de la participación
social mediante el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento del capital social para que asuman una actitud propositiva y evitar cualquier tipo de problemas o conflictos que la desigualdad genera, más en necesidades de crecimiento acelerado como la nuestra.
Una sociedad democrática, no solo tiene que tener las instancias y canales de participación y representación. Exige, también, que los niveles de pobreza y las desigualdades desaparezcan y, así, los futuros focos de tensión entre clases, disminuyan con el tiempo, mediante políticas y programas claros, concretos, consistentes, que garanticen a toda la sociedad la ruptura de toda forma de discriminación y desigualdad.
En este sentido, es necesario que, en el ejercicio de una ciudadanía efectiva, el rol de las entidades territoriales autónomas sea comprendido y asimilado por la sociedad y, ello implica el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción del desarrollo como un servicio y no como mero favor que se restringe a la esfera política.
Dadas las debilidades en la formación y como todo proceso, las reformas educativas y sus normativas pretenden generar y desarrollar una educación productiva, para formar gente en temas productivos o
emprendedores. Puesto que una de las características de nuestros distritos es que las ideas y la innovación existen permanentemente, pero, no hay respaldo económico de parte del Estado y la excesiva burocracia, hacen que el sector informal crezca.
La educación es y tiene que seguir siendo una de las mejores apuestas del Estado. El capital humano es una inversión en toda sociedad. Y si advertimos que nuestra sociedad cruceña es, en su gran mayoría de gente joven, tenemos que apostar en la creación y generación de oportunidades para este segmento y que su aporte sea efectivo para el desarrollo de Santa Cruz y que se muestre, por ejemplo, en la responsabilidad en el pago de impuestos.
En una sociedad consumista que genera necesidades ficticias genera ciertos comportamientos colectivos como desanimo general y desmotivación e incertidumbre a un futuro que deteriora nuestra calidad de vida. La inseguridad y la falta de acceso a la justicia son temores cotidianos que nos dejan en esa suerte de vacío y de falta resguardo, provocando violencia, en todos los niveles.
Ante éste panorama, se muestran alentadoras formas de organización y de representación desde los barrios; prácticas que nos llevan a entender procesos de desarrollo y de autoayuda entre las familias; trabajo comunitario; acciones prosociales que se reinventan y nos dan cuenta de que los liderazgos, de hombres y mujeres, sobresalen, más allá de una sociedad que los desconoce y los margina.
Dadas las debilidades en la formación y como todo proceso, las reformas educativas y sus normativas pretenden generar y desarrollar una educación productiva, para formar gente en temas productivos o
emprendedores. Puesto que una de las características de nuestros distritos es que las ideas y la innovación existen permanentemente, pero, no hay respaldo económico de parte del Estado y la excesiva burocracia, hacen que el sector informal crezca.
La educación es y tiene que seguir siendo una de las mejores apuestas del Estado. El capital humano es una inversión en toda sociedad. Y si advertimos que nuestra sociedad cruceña es, en su gran mayoría de gente joven, tenemos que apostar en la creación y generación de oportunidades para este segmento y que su aporte sea efectivo para el desarrollo de Santa Cruz y que se muestre, por ejemplo, en la responsabilidad en el pago de impuestos.
En una sociedad consumista que genera necesidades ficticias genera ciertos comportamientos colectivos como desanimo general y desmotivación e incertidumbre a un futuro que deteriora nuestra calidad de vida. La inseguridad y la falta de acceso a la justicia son temores cotidianos que nos dejan en esa suerte de vacío y de falta resguardo, provocando violencia, en todos los niveles.
Ante éste panorama, se muestran alentadoras formas de organización y de representación desde los barrios; prácticas que nos llevan a entender procesos de desarrollo y de autoayuda entre las familias; trabajo comunitario; acciones prosociales que se reinventan y nos dan cuenta de que los liderazgos, de hombres y mujeres, sobresalen, más allá de una sociedad que los desconoce y los margina.
NOTA: El presente articulo, en partes, fue publicado en el Diario Mayor El Deber de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y, en su totalidad, en la página oficial de SPRING, proyecto que promueve la investigación y la acción PROSOCIAL
Si
tomamos en cuenta que Bolivia es uno de los países que tiene la
distribución de la renta per cápita más desigual en América Latina y nos
centramos en el análisis en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una
de las más urbanizadas del país, encontramos elementos importantes para
la reflexión sobre las desigualdades y la necesidad de establecer
políticas claras y concretas respecto al planteamiento sobre el
desarrollo y la generación de oportunidades para todas las personas.
Es evidente
que la composición social de Santa Cruz de la Sierra es diversa y muy
contradictoria; nutrida de una permanente migración que busca mejorar
sus condiciones de vida, aunque ello implique la precariedad y el
hacinamiento, no solamente en la forma de vivir, sino también en lo
laboral, en desmedro de su calidad de vida.
Cada distrito de esta ciudad, tiene
elementos que configuran la construcción de la sociedad cruceña actual
que exige el respeto de sus derechos y la generación de oportunidades.
Y, he ahí un gran vacío en la institucionalidad al encontrar que
no existe una ciudadanía efectiva, ni responsable para actuar y
demandar a los distintos niveles territoriales del Estado –gobierno
central, departamental, municipal, regional-, y menos, de estos
de establecer políticas y programas que respondan a las necesidades y
demandas de la población, así como la continuidad de las mismas y que no
se restrinja a la esfera política, sino, el del reforzamiento de la
participación social mediante el desarrollo de sus capacidades, el
fortalecimiento del capital social para que asuman una actitud
propositiva y evitar cualquier tipo de problemas o conflictos que la
desigualdad genera, más en necesidades de crecimiento acelerado como la
nuestra.
Una sociedad democrática, no solo tiene
que tener las instancias y canales de participación y representación.
Exige, también, que los niveles de pobreza y las desigualdades
desaparezcan y, así, los futuros focos de tensión entre clases,
disminuyan con el tiempo, mediante políticas y programas claros,
concretos, consistentes, que garanticen a toda la sociedad la ruptura
de toda forma de discriminación y desigualdad.
En este sentido, es necesario que, en el
ejercicio de una ciudadanía efectiva, el rol de las entidades
territoriales autónomas sea comprendido y asimilado por la sociedad y,
ello implica el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción
del desarrollo como un servicio y no como mero favor que se restringe a
la esfera política.
Dadas las debilidades en la formación y
como todo proceso, las reformas educativas y sus normativas pretenden
generar y desarrollar una educación productiva, para formar gente en
temas productivos o emprendedores. Puesto que una de las características
de nuestros distritos es que las ideas y la innovación existen
permanentemente, pero, no hay respaldo económico de parte del Estado y
la excesiva burocracia, hacen que el sector informal crezca.
La educación es y tiene que seguir
siendo una de las mejores apuestas del Estado. El capital humano es una
inversión en toda sociedad. Y si advertimos que nuestra sociedad
cruceña es, en su gran mayoría de gente joven, tenemos que apostar en
la creación y generación de oportunidades para este segmento y
que su aporte sea efectivo para el desarrollo de Santa Cruz y que se
muestre, por ejemplo, en la responsabilidad en el pago de impuestos.
En una sociedad consumista que genera
necesidades ficticias genera ciertos comportamientos colectivos como
desánimo general y desmotivación e incertidumbre a un futuro que
deteriora nuestra calidad de vida. La inseguridad y la falta de acceso a
la justicia son temores cotidianos que nos dejan en esa suerte de vacío
y de falta resguardo, provocando violencia, en todos los niveles.
Ante este panorama, se muestran
alentadoras formas de organización y de representación desde los
barrios; prácticas que nos llevan a entender procesos de desarrollo y de
autoayuda entre las familias; trabajo comunitario; acciones prosociales
que se reinventan y nos dan cuenta de que los liderazgos, de hombres y
mujeres, sobresalen, más allá de una sociedad que los desconoce y los
margina.
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Si
tomamos en cuenta que Bolivia es uno de los países que tiene la
distribución de la renta per cápita más desigual en América Latina y nos
centramos en el análisis en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una
de las más urbanizadas del país, encontramos elementos importantes para
la reflexión sobre las desigualdades y la necesidad de establecer
políticas claras y concretas respecto al planteamiento sobre el
desarrollo y la generación de oportunidades para todas las personas.
Es evidente
que la composición social de Santa Cruz de la Sierra es diversa y muy
contradictoria; nutrida de una permanente migración que busca mejorar
sus condiciones de vida, aunque ello implique la precariedad y el
hacinamiento, no solamente en la forma de vivir, sino también en lo
laboral, en desmedro de su calidad de vida.
Cada distrito de esta ciudad, tiene
elementos que configuran la construcción de la sociedad cruceña actual
que exige el respeto de sus derechos y la generación de oportunidades.
Y, he ahí un gran vacío en la institucionalidad al encontrar que
no existe una ciudadanía efectiva, ni responsable para actuar y
demandar a los distintos niveles territoriales del Estado –gobierno
central, departamental, municipal, regional-, y menos, de estos
de establecer políticas y programas que respondan a las necesidades y
demandas de la población, así como la continuidad de las mismas y que no
se restrinja a la esfera política, sino, el del reforzamiento de la
participación social mediante el desarrollo de sus capacidades, el
fortalecimiento del capital social para que asuman una actitud
propositiva y evitar cualquier tipo de problemas o conflictos que la
desigualdad genera, más en necesidades de crecimiento acelerado como la
nuestra.
Una sociedad democrática, no solo tiene
que tener las instancias y canales de participación y representación.
Exige, también, que los niveles de pobreza y las desigualdades
desaparezcan y, así, los futuros focos de tensión entre clases,
disminuyan con el tiempo, mediante políticas y programas claros,
concretos, consistentes, que garanticen a toda la sociedad la ruptura
de toda forma de discriminación y desigualdad.
En este sentido, es necesario que, en el
ejercicio de una ciudadanía efectiva, el rol de las entidades
territoriales autónomas sea comprendido y asimilado por la sociedad y,
ello implica el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción
del desarrollo como un servicio y no como mero favor que se restringe a
la esfera política.
Dadas las debilidades en la formación y
como todo proceso, las reformas educativas y sus normativas pretenden
generar y desarrollar una educación productiva, para formar gente en
temas productivos o emprendedores. Puesto que una de las características
de nuestros distritos es que las ideas y la innovación existen
permanentemente, pero, no hay respaldo económico de parte del Estado y
la excesiva burocracia, hacen que el sector informal crezca.
La educación es y tiene que seguir
siendo una de las mejores apuestas del Estado. El capital humano es una
inversión en toda sociedad. Y si advertimos que nuestra sociedad
cruceña es, en su gran mayoría de gente joven, tenemos que apostar en
la creación y generación de oportunidades para este segmento y
que su aporte sea efectivo para el desarrollo de Santa Cruz y que se
muestre, por ejemplo, en la responsabilidad en el pago de impuestos.
En una sociedad consumista que genera
necesidades ficticias genera ciertos comportamientos colectivos como
desánimo general y desmotivación e incertidumbre a un futuro que
deteriora nuestra calidad de vida. La inseguridad y la falta de acceso a
la justicia son temores cotidianos que nos dejan en esa suerte de vacío
y de falta resguardo, provocando violencia, en todos los niveles.
Ante este panorama, se muestran
alentadoras formas de organización y de representación desde los
barrios; prácticas que nos llevan a entender procesos de desarrollo y de
autoayuda entre las familias; trabajo comunitario; acciones prosociales
que se reinventan y nos dan cuenta de que los liderazgos, de hombres y
mujeres, sobresalen, más allá de una sociedad que los desconoce y los
margina.
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tomamos en cuenta que Bolivia es uno de los países que tiene la
distribución de la renta per cápita más desigual en América Latina y nos
centramos en el análisis en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una
de las más urbanizadas del país, encontramos elementos importantes para
la reflexión sobre las desigualdades y la necesidad de establecer
políticas claras y concretas respecto al planteamiento sobre el
desarrollo y la generación de oportunidades para todas las personas.
Es evidente
que la composición social de Santa Cruz de la Sierra es diversa y muy
contradictoria; nutrida de una permanente migración que busca mejorar
sus condiciones de vida, aunque ello implique la precariedad y el
hacinamiento, no solamente en la forma de vivir, sino también en lo
laboral, en desmedro de su calidad de vida.
Cada distrito de esta ciudad, tiene
elementos que configuran la construcción de la sociedad cruceña actual
que exige el respeto de sus derechos y la generación de oportunidades.
Y, he ahí un gran vacío en la institucionalidad al encontrar que
no existe una ciudadanía efectiva, ni responsable para actuar y
demandar a los distintos niveles territoriales del Estado –gobierno
central, departamental, municipal, regional-, y menos, de estos
de establecer políticas y programas que respondan a las necesidades y
demandas de la población, así como la continuidad de las mismas y que no
se restrinja a la esfera política, sino, el del reforzamiento de la
participación social mediante el desarrollo de sus capacidades, el
fortalecimiento del capital social para que asuman una actitud
propositiva y evitar cualquier tipo de problemas o conflictos que la
desigualdad genera, más en necesidades de crecimiento acelerado como la
nuestra.
Una sociedad democrática, no solo tiene
que tener las instancias y canales de participación y representación.
Exige, también, que los niveles de pobreza y las desigualdades
desaparezcan y, así, los futuros focos de tensión entre clases,
disminuyan con el tiempo, mediante políticas y programas claros,
concretos, consistentes, que garanticen a toda la sociedad la ruptura
de toda forma de discriminación y desigualdad.
En este sentido, es necesario que, en el
ejercicio de una ciudadanía efectiva, el rol de las entidades
territoriales autónomas sea comprendido y asimilado por la sociedad y,
ello implica el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción
del desarrollo como un servicio y no como mero favor que se restringe a
la esfera política.
Dadas las debilidades en la formación y
como todo proceso, las reformas educativas y sus normativas pretenden
generar y desarrollar una educación productiva, para formar gente en
temas productivos o emprendedores. Puesto que una de las características
de nuestros distritos es que las ideas y la innovación existen
permanentemente, pero, no hay respaldo económico de parte del Estado y
la excesiva burocracia, hacen que el sector informal crezca.
La educación es y tiene que seguir
siendo una de las mejores apuestas del Estado. El capital humano es una
inversión en toda sociedad. Y si advertimos que nuestra sociedad
cruceña es, en su gran mayoría de gente joven, tenemos que apostar en
la creación y generación de oportunidades para este segmento y
que su aporte sea efectivo para el desarrollo de Santa Cruz y que se
muestre, por ejemplo, en la responsabilidad en el pago de impuestos.
En una sociedad consumista que genera
necesidades ficticias genera ciertos comportamientos colectivos como
desánimo general y desmotivación e incertidumbre a un futuro que
deteriora nuestra calidad de vida. La inseguridad y la falta de acceso a
la justicia son temores cotidianos que nos dejan en esa suerte de vacío
y de falta resguardo, provocando violencia, en todos los niveles.
Ante este panorama, se muestran
alentadoras formas de organización y de representación desde los
barrios; prácticas que nos llevan a entender procesos de desarrollo y de
autoayuda entre las familias; trabajo comunitario; acciones prosociales
que se reinventan y nos dan cuenta de que los liderazgos, de hombres y
mujeres, sobresalen, más allá de una sociedad que los desconoce y los
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