lunes, 24 de junio de 2013

Hay hipocresía, se sanciona la violencia pero no se investiga sobre sus orígenes

El presente artículo fue publicado en primera instancia en la revista dominical  Séptimo Día de el Diario Mayor El Deber y replicada en la página web KAOS EN LA RED.

Dos hechos violentos que han consternado a la sociedad nos dejaron perplejos por el modus operandi empleado (la violencia y asesinato de una menor de 3 años y el hallazgo del cuerpo calcinado de una joven). Pese a las manifestaciones y protestas de los vecinos que repudian estos actos y el actuar de la Policía y los servidores públicos y las intenciones, el miedo y la paranoia afloran en la sociedad.

El fenómeno de la violencia se ha convertido en una constante, que, si bien tiene su característica individual, establecida por impulsos y actitudes, tiene su connotación cultural y social que la determinan y que son la estructura social desigual e i-nequitativa de la sociedad, no solamente en términos socioeconómicos, sino también sociopolíticos.

La inseguridad ciudadana y la violencia son, por así decirlo, el pan de cada día en la vida de las personas. Atrás quedaron los años donde la tranquilidad reinaba por las calles y hoy nos enfrentamos a una realidad cambiante, dinámica y compleja que se bate entre lo tradicional y que anhela alcanzar ciertos niveles de desarrollo.

Somos una sociedad del espectáculo y de la vanidad, mediática y machista que condena la violencia, pero no sus causas. Una sociedad que sanciona, pero que es hipócrita. Se censura la violencia ejercida por otros, pero, en nuestro entorno, la ejercemos sin pudor alguno, y esto no es solo para los estratos sociales más bajos, es una constante en todos los niveles.
Es verdad, en Bolivia se elaboraron y promulgaron leyes que tienen que ver con cuestiones que trastocan nuestra cultura machista y patriarcal, pero, las condiciones para aplicarlas siguen siendo las mismas. La burocracia, corrupción, amenazas, entre otros, son parte de este escenario al que la justicia se enfrenta y se empantana.

Si se habla de reducir los índices de violencia, todos concordamos en que la prevención es una de las acciones que deben aplicar los diferentes niveles del Estado, que invertir en educación, salud, servicios básicos, en el “vivir bien”, son también requerimientos necesarios que pueden garantizar cierta armonía social. Pero, mientras sean aisladas las acciones de los gestores políticos, por intereses particulares o de partidos, seguiremos en las mismas, condenando los hechos violentos desde el palco y actuando como francotiradores, es decir, cada cual por su lado y viendo una parte del conflicto y no el todo como un hecho social que involucra la voluntad y la decisión de todos.

Mientras las desigualdades existan y la concentración de la riqueza abra más abismos, sin políticas y programas, la violencia y la inseguridad ciudadana estarán a la orden del día, aunque se apliquen medidas punitivas o de excesiva seguritización y los discursos políticos sean incendiarios, seguiremos  provocando una paranoia colectiva y exclusión social en vez de encontrar puntos de consenso para trabajar propuestas claras, concretas y efectivas.

Hay esfuerzos de redes interinstitucionales que abordan estos temas, unos apuestan a la formación y prevención y otros, al castigo y la sanción. Pero todos coincidimos en que no somos ajenos a lo que pasa en nuestro entorno y que para frenar la violencia tiene que haber un compromiso real, una apuesta e inversión en la educación, contemplando la enseñanza en valores, de convivencia y respeto, así como de desarrollo armónico de nuestra sociedad  

FERNANDO FIGUEROA | CONSULTOR, FORMADO EN SOCIOLOGÍA

viernes, 21 de junio de 2013

LA DESIGUALDAD EN SANTA CRUZ

Si tomamos en cuenta que Bolivia es uno de los países que tiene la distribución de la renta per cápita más desigual en América Latina y nos centramos en el análisis en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una de las más urbanizadas del país, encontramos elementos importantes para la reflexión sobre las desigualdades y la necesidad de establecer políticas claras y concretas respecto al planteamiento sobre el desarrollo y la generación de oportunidades para todas las personas.

Es evidente que la composición social de Santa Cruz de la Sierra es diversa y muy contradictoria; nutrida de una permanente migración que busca mejorar sus condiciones de vida, aunque ello implique la precariedad y el hacinamiento, no solamente en la forma de vivir, sino también en lo laboral, en desmedro de su calidad de vida.

Cada distrito de esta ciudad, tiene elementos que configuran la construcción de la sociedad cruceña actual que exige el respeto de sus derechos y la generación de oportunidades. Y, he ahí un gran vacío en la institucionalidad al encontrar que no existe una ciudadanía efectiva, ni responsable para actuar y demandar a los distintos niveles territoriales del Estado –gobierno central, departamental, municipal, regional-, y menos, de estos  de establecer políticas y programas que respondan a las necesidades y demandas de la población,
así como la continuidad de las mismas y que no se restrinja a la esfera política, sino, el del  reforzamiento de la participación

social mediante el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento del capital social para que asuman una actitud propositiva y evitar cualquier tipo de problemas o conflictos que la desigualdad genera, más en necesidades de crecimiento acelerado como la nuestra.

Una sociedad democrática, no solo tiene que tener las instancias y canales de participación y representación. Exige, también, que los niveles de pobreza y las desigualdades desaparezcan y, así, los futuros focos de tensión entre clases, disminuyan con el tiempo, mediante políticas y programas claros, concretos, consistentes,  que garanticen a toda la sociedad la ruptura de toda forma de discriminación y desigualdad.
En este sentido, es necesario que, en el ejercicio de una ciudadanía efectiva, el rol de las entidades territoriales autónomas sea comprendido y asimilado por la sociedad y, ello implica el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción del desarrollo como un servicio y no como mero favor que se restringe a la esfera política.

Dadas las debilidades en la formación y como todo proceso, las reformas educativas y sus normativas pretenden generar y desarrollar una educación productiva, para formar gente en temas productivos o
emprendedores. Puesto que una de las características de nuestros distritos es que las ideas y la innovación existen permanentemente, pero, no hay respaldo económico de parte del Estado y la excesiva burocracia, hacen que el sector informal crezca.

La educación es y tiene que seguir siendo una de las mejores apuestas del Estado. El capital humano es una inversión en toda sociedad. Y si advertimos que nuestra sociedad cruceña es, en su gran mayoría de gente joven, tenemos que apostar en la creación y generación  de oportunidades para este segmento y que su aporte sea efectivo para el desarrollo de Santa Cruz y que se muestre, por ejemplo, en la responsabilidad en el pago de impuestos.

En una sociedad consumista que genera necesidades ficticias genera ciertos comportamientos colectivos como desanimo general y desmotivación e incertidumbre a un futuro que deteriora nuestra calidad de vida. La inseguridad y la falta de acceso a la justicia son temores cotidianos que nos dejan en esa suerte de vacío y de falta resguardo, provocando violencia, en todos los niveles.

Ante éste panorama, se muestran alentadoras formas de organización y de representación desde los barrios; prácticas que nos llevan a entender procesos de desarrollo y de autoayuda entre las familias; trabajo comunitario; acciones prosociales que se reinventan y nos dan cuenta de que los liderazgos, de hombres y mujeres, sobresalen, más allá de una sociedad que los desconoce y los margina.


NOTA: El presente articulo, en partes, fue publicado en el Diario Mayor El Deber de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y, en su totalidad, en la página oficial de SPRING, proyecto que promueve la investigación y la acción PROSOCIAL
Si tomamos en cuenta que Bolivia es uno de los países que tiene la distribución de la renta per cápita más desigual en América Latina y nos centramos en el análisis en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una de las más urbanizadas del país, encontramos elementos importantes para la reflexión sobre las desigualdades y la necesidad de establecer políticas claras y concretas respecto al planteamiento sobre el desarrollo y la generación de oportunidades para todas las personas.
Es evidente que la composición social de Santa Cruz de la Sierra es diversa y muy contradictoria; nutrida de una permanente migración que busca mejorar sus condiciones de vida, aunque ello implique la precariedad y el hacinamiento, no solamente en la forma de vivir, sino también en lo laboral, en desmedro de su calidad de vida.
Cada distrito de esta ciudad, tiene elementos que configuran la construcción de la sociedad cruceña actual que exige el respeto de sus derechos y la generación de oportunidades. Y, he ahí un gran vacío en la institucionalidad al encontrar que no existe una ciudadanía efectiva, ni responsable para actuar y demandar a los distintos niveles territoriales del Estado –gobierno central, departamental, municipal, regional-, y menos, de estos de establecer políticas y programas que respondan a las necesidades y demandas de la población, así como la continuidad de las mismas y que no se restrinja a la esfera política, sino, el del reforzamiento de la participación social mediante el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento del capital social para que asuman una actitud propositiva y evitar cualquier tipo de problemas o conflictos que la desigualdad genera, más en necesidades de crecimiento acelerado como la nuestra.
Una sociedad democrática, no solo tiene que tener las instancias y canales de participación y representación. Exige, también, que los niveles de pobreza y las desigualdades desaparezcan y, así, los futuros focos de tensión entre clases, disminuyan con el tiempo, mediante políticas y programas claros, concretos, consistentes, que garanticen a toda la sociedad la ruptura de toda forma de discriminación y desigualdad.
En este sentido, es necesario que, en el ejercicio de una ciudadanía efectiva, el rol de las entidades territoriales autónomas sea comprendido y asimilado por la sociedad y, ello implica el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción del desarrollo como un servicio y no como mero favor que se restringe a la esfera política.
Dadas las debilidades en la formación y como todo proceso, las reformas educativas y sus normativas pretenden generar y desarrollar una educación productiva, para formar gente en temas productivos o emprendedores. Puesto que una de las características de nuestros distritos es que las ideas y la innovación existen permanentemente, pero, no hay respaldo económico de parte del Estado y la excesiva burocracia, hacen que el sector informal crezca.
La educación es y tiene que seguir siendo una de las mejores apuestas del Estado. El capital humano es una inversión en toda sociedad. Y si advertimos que nuestra sociedad cruceña es, en su gran mayoría de gente joven, tenemos que apostar en la creación y generación de oportunidades para este segmento y que su aporte sea efectivo para el desarrollo de Santa Cruz y que se muestre, por ejemplo, en la responsabilidad en el pago de impuestos.
En una sociedad consumista que genera necesidades ficticias genera ciertos comportamientos colectivos como desánimo general y desmotivación e incertidumbre a un futuro que deteriora nuestra calidad de vida. La inseguridad y la falta de acceso a la justicia son temores cotidianos que nos dejan en esa suerte de vacío y de falta resguardo, provocando violencia, en todos los niveles.
Ante este panorama, se muestran alentadoras formas de organización y de representación desde los barrios; prácticas que nos llevan a entender procesos de desarrollo y de autoayuda entre las familias; trabajo comunitario; acciones prosociales que se reinventan y nos dan cuenta de que los liderazgos, de hombres y mujeres, sobresalen, más allá de una sociedad que los desconoce y los margina.
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Si tomamos en cuenta que Bolivia es uno de los países que tiene la distribución de la renta per cápita más desigual en América Latina y nos centramos en el análisis en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una de las más urbanizadas del país, encontramos elementos importantes para la reflexión sobre las desigualdades y la necesidad de establecer políticas claras y concretas respecto al planteamiento sobre el desarrollo y la generación de oportunidades para todas las personas.
Es evidente que la composición social de Santa Cruz de la Sierra es diversa y muy contradictoria; nutrida de una permanente migración que busca mejorar sus condiciones de vida, aunque ello implique la precariedad y el hacinamiento, no solamente en la forma de vivir, sino también en lo laboral, en desmedro de su calidad de vida.
Cada distrito de esta ciudad, tiene elementos que configuran la construcción de la sociedad cruceña actual que exige el respeto de sus derechos y la generación de oportunidades. Y, he ahí un gran vacío en la institucionalidad al encontrar que no existe una ciudadanía efectiva, ni responsable para actuar y demandar a los distintos niveles territoriales del Estado –gobierno central, departamental, municipal, regional-, y menos, de estos de establecer políticas y programas que respondan a las necesidades y demandas de la población, así como la continuidad de las mismas y que no se restrinja a la esfera política, sino, el del reforzamiento de la participación social mediante el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento del capital social para que asuman una actitud propositiva y evitar cualquier tipo de problemas o conflictos que la desigualdad genera, más en necesidades de crecimiento acelerado como la nuestra.
Una sociedad democrática, no solo tiene que tener las instancias y canales de participación y representación. Exige, también, que los niveles de pobreza y las desigualdades desaparezcan y, así, los futuros focos de tensión entre clases, disminuyan con el tiempo, mediante políticas y programas claros, concretos, consistentes, que garanticen a toda la sociedad la ruptura de toda forma de discriminación y desigualdad.
En este sentido, es necesario que, en el ejercicio de una ciudadanía efectiva, el rol de las entidades territoriales autónomas sea comprendido y asimilado por la sociedad y, ello implica el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción del desarrollo como un servicio y no como mero favor que se restringe a la esfera política.
Dadas las debilidades en la formación y como todo proceso, las reformas educativas y sus normativas pretenden generar y desarrollar una educación productiva, para formar gente en temas productivos o emprendedores. Puesto que una de las características de nuestros distritos es que las ideas y la innovación existen permanentemente, pero, no hay respaldo económico de parte del Estado y la excesiva burocracia, hacen que el sector informal crezca.
La educación es y tiene que seguir siendo una de las mejores apuestas del Estado. El capital humano es una inversión en toda sociedad. Y si advertimos que nuestra sociedad cruceña es, en su gran mayoría de gente joven, tenemos que apostar en la creación y generación de oportunidades para este segmento y que su aporte sea efectivo para el desarrollo de Santa Cruz y que se muestre, por ejemplo, en la responsabilidad en el pago de impuestos.
En una sociedad consumista que genera necesidades ficticias genera ciertos comportamientos colectivos como desánimo general y desmotivación e incertidumbre a un futuro que deteriora nuestra calidad de vida. La inseguridad y la falta de acceso a la justicia son temores cotidianos que nos dejan en esa suerte de vacío y de falta resguardo, provocando violencia, en todos los niveles.
Ante este panorama, se muestran alentadoras formas de organización y de representación desde los barrios; prácticas que nos llevan a entender procesos de desarrollo y de autoayuda entre las familias; trabajo comunitario; acciones prosociales que se reinventan y nos dan cuenta de que los liderazgos, de hombres y mujeres, sobresalen, más allá de una sociedad que los desconoce y los margina.
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Es evidente que la composición social de Santa Cruz de la Sierra es diversa y muy contradictoria; nutrida de una permanente migración que busca mejorar sus condiciones de vida, aunque ello implique la precariedad y el hacinamiento, no solamente en la forma de vivir, sino también en lo laboral, en desmedro de su calidad de vida.
Cada distrito de esta ciudad, tiene elementos que configuran la construcción de la sociedad cruceña actual que exige el respeto de sus derechos y la generación de oportunidades. Y, he ahí un gran vacío en la institucionalidad al encontrar que no existe una ciudadanía efectiva, ni responsable para actuar y demandar a los distintos niveles territoriales del Estado –gobierno central, departamental, municipal, regional-, y menos, de estos de establecer políticas y programas que respondan a las necesidades y demandas de la población, así como la continuidad de las mismas y que no se restrinja a la esfera política, sino, el del reforzamiento de la participación social mediante el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento del capital social para que asuman una actitud propositiva y evitar cualquier tipo de problemas o conflictos que la desigualdad genera, más en necesidades de crecimiento acelerado como la nuestra.
Una sociedad democrática, no solo tiene que tener las instancias y canales de participación y representación. Exige, también, que los niveles de pobreza y las desigualdades desaparezcan y, así, los futuros focos de tensión entre clases, disminuyan con el tiempo, mediante políticas y programas claros, concretos, consistentes, que garanticen a toda la sociedad la ruptura de toda forma de discriminación y desigualdad.
En este sentido, es necesario que, en el ejercicio de una ciudadanía efectiva, el rol de las entidades territoriales autónomas sea comprendido y asimilado por la sociedad y, ello implica el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción del desarrollo como un servicio y no como mero favor que se restringe a la esfera política.
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La educación es y tiene que seguir siendo una de las mejores apuestas del Estado. El capital humano es una inversión en toda sociedad. Y si advertimos que nuestra sociedad cruceña es, en su gran mayoría de gente joven, tenemos que apostar en la creación y generación de oportunidades para este segmento y que su aporte sea efectivo para el desarrollo de Santa Cruz y que se muestre, por ejemplo, en la responsabilidad en el pago de impuestos.
En una sociedad consumista que genera necesidades ficticias genera ciertos comportamientos colectivos como desánimo general y desmotivación e incertidumbre a un futuro que deteriora nuestra calidad de vida. La inseguridad y la falta de acceso a la justicia son temores cotidianos que nos dejan en esa suerte de vacío y de falta resguardo, provocando violencia, en todos los niveles.
Ante este panorama, se muestran alentadoras formas de organización y de representación desde los barrios; prácticas que nos llevan a entender procesos de desarrollo y de autoayuda entre las familias; trabajo comunitario; acciones prosociales que se reinventan y nos dan cuenta de que los liderazgos, de hombres y mujeres, sobresalen, más allá de una sociedad que los desconoce y los margina.
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