El presente artículo fue publicado en primera instancia en la revista dominical Séptimo Día de el Diario Mayor El Deber y replicada en la página web KAOS EN LA RED.
Dos hechos violentos que han consternado a la sociedad nos dejaron perplejos por el modus operandi empleado (la violencia y asesinato de una menor de 3 años y el hallazgo del cuerpo calcinado de una joven). Pese a las manifestaciones y protestas de los vecinos que repudian estos actos y el actuar de la Policía y los servidores públicos y las intenciones, el miedo y la paranoia afloran en la sociedad.
El fenómeno de la violencia se ha convertido en una constante, que, si bien tiene su característica individual, establecida por impulsos y actitudes, tiene su connotación cultural y social que la determinan y que son la estructura social desigual e i-nequitativa de la sociedad, no solamente en términos socioeconómicos, sino también sociopolíticos.
La inseguridad ciudadana y la violencia son, por así decirlo, el pan de cada día en la vida de las personas. Atrás quedaron los años donde la tranquilidad reinaba por las calles y hoy nos enfrentamos a una realidad cambiante, dinámica y compleja que se bate entre lo tradicional y que anhela alcanzar ciertos niveles de desarrollo.
Somos una sociedad del espectáculo y de la vanidad, mediática y machista que condena la violencia, pero no sus causas. Una sociedad que sanciona, pero que es hipócrita. Se censura la violencia ejercida por otros, pero, en nuestro entorno, la ejercemos sin pudor alguno, y esto no es solo para los estratos sociales más bajos, es una constante en todos los niveles.
Es verdad, en Bolivia se elaboraron y promulgaron leyes que tienen que ver con cuestiones que trastocan nuestra cultura machista y patriarcal, pero, las condiciones para aplicarlas siguen siendo las mismas. La burocracia, corrupción, amenazas, entre otros, son parte de este escenario al que la justicia se enfrenta y se empantana.
Si se habla de reducir los índices de violencia, todos concordamos en que la prevención es una de las acciones que deben aplicar los diferentes niveles del Estado, que invertir en educación, salud, servicios básicos, en el “vivir bien”, son también requerimientos necesarios que pueden garantizar cierta armonía social. Pero, mientras sean aisladas las acciones de los gestores políticos, por intereses particulares o de partidos, seguiremos en las mismas, condenando los hechos violentos desde el palco y actuando como francotiradores, es decir, cada cual por su lado y viendo una parte del conflicto y no el todo como un hecho social que involucra la voluntad y la decisión de todos.
Mientras las desigualdades existan y la concentración de la riqueza abra más abismos, sin políticas y programas, la violencia y la inseguridad ciudadana estarán a la orden del día, aunque se apliquen medidas punitivas o de excesiva seguritización y los discursos políticos sean incendiarios, seguiremos provocando una paranoia colectiva y exclusión social en vez de encontrar puntos de consenso para trabajar propuestas claras, concretas y efectivas.
Hay esfuerzos de redes interinstitucionales que abordan estos temas, unos apuestan a la formación y prevención y otros, al castigo y la sanción. Pero todos coincidimos en que no somos ajenos a lo que pasa en nuestro entorno y que para frenar la violencia tiene que haber un compromiso real, una apuesta e inversión en la educación, contemplando la enseñanza en valores, de convivencia y respeto, así como de desarrollo armónico de nuestra sociedad
FERNANDO FIGUEROA | CONSULTOR, FORMADO EN SOCIOLOGÍA
Dos hechos violentos que han consternado a la sociedad nos dejaron perplejos por el modus operandi empleado (la violencia y asesinato de una menor de 3 años y el hallazgo del cuerpo calcinado de una joven). Pese a las manifestaciones y protestas de los vecinos que repudian estos actos y el actuar de la Policía y los servidores públicos y las intenciones, el miedo y la paranoia afloran en la sociedad.
El fenómeno de la violencia se ha convertido en una constante, que, si bien tiene su característica individual, establecida por impulsos y actitudes, tiene su connotación cultural y social que la determinan y que son la estructura social desigual e i-nequitativa de la sociedad, no solamente en términos socioeconómicos, sino también sociopolíticos.
La inseguridad ciudadana y la violencia son, por así decirlo, el pan de cada día en la vida de las personas. Atrás quedaron los años donde la tranquilidad reinaba por las calles y hoy nos enfrentamos a una realidad cambiante, dinámica y compleja que se bate entre lo tradicional y que anhela alcanzar ciertos niveles de desarrollo.
Somos una sociedad del espectáculo y de la vanidad, mediática y machista que condena la violencia, pero no sus causas. Una sociedad que sanciona, pero que es hipócrita. Se censura la violencia ejercida por otros, pero, en nuestro entorno, la ejercemos sin pudor alguno, y esto no es solo para los estratos sociales más bajos, es una constante en todos los niveles.
Es verdad, en Bolivia se elaboraron y promulgaron leyes que tienen que ver con cuestiones que trastocan nuestra cultura machista y patriarcal, pero, las condiciones para aplicarlas siguen siendo las mismas. La burocracia, corrupción, amenazas, entre otros, son parte de este escenario al que la justicia se enfrenta y se empantana.
Si se habla de reducir los índices de violencia, todos concordamos en que la prevención es una de las acciones que deben aplicar los diferentes niveles del Estado, que invertir en educación, salud, servicios básicos, en el “vivir bien”, son también requerimientos necesarios que pueden garantizar cierta armonía social. Pero, mientras sean aisladas las acciones de los gestores políticos, por intereses particulares o de partidos, seguiremos en las mismas, condenando los hechos violentos desde el palco y actuando como francotiradores, es decir, cada cual por su lado y viendo una parte del conflicto y no el todo como un hecho social que involucra la voluntad y la decisión de todos.
Mientras las desigualdades existan y la concentración de la riqueza abra más abismos, sin políticas y programas, la violencia y la inseguridad ciudadana estarán a la orden del día, aunque se apliquen medidas punitivas o de excesiva seguritización y los discursos políticos sean incendiarios, seguiremos provocando una paranoia colectiva y exclusión social en vez de encontrar puntos de consenso para trabajar propuestas claras, concretas y efectivas.
Hay esfuerzos de redes interinstitucionales que abordan estos temas, unos apuestan a la formación y prevención y otros, al castigo y la sanción. Pero todos coincidimos en que no somos ajenos a lo que pasa en nuestro entorno y que para frenar la violencia tiene que haber un compromiso real, una apuesta e inversión en la educación, contemplando la enseñanza en valores, de convivencia y respeto, así como de desarrollo armónico de nuestra sociedad
FERNANDO FIGUEROA | CONSULTOR, FORMADO EN SOCIOLOGÍA
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